EN DESVENTAJA. Ellas corren el riesgo de morir o ir a la cárcel (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )Jueves 03 de marzo de 2011 El Universal
Para la doctora Joaquina Erviti, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, es una necesidad social reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y cuántos hijos desean tener, e incorporar en la legislación nacional la despenalización del aborto.
“La sociedad en su conjunto requiere intervenciones que promuevan cambios en las actitudes sociales hacia las mujeres. Esas intervenciones deben hacerse lo mismo desde el terreno de la acción política que desde la legislación. Hay fuerzas, como la Iglesia, que ahora mismo intervienen sin legitimidad política. De ahí que sea necesario el reconocimiento de un Estado laico para que no se impongan, sobre las leyes civiles, las eclesiásticas.”
Otra dimensión del problema de la interrupción de los embarazos no deseados es la justicia social. Está demostrado y documentado que quienes están más expuestas al maltrato en las instituciones médicas y jurídicas por causa de un aborto son las mujeres más pobres. También son éstas las que sufren las consecuencias por abortos realizados en condiciones inseguras.
“A diferencia de las mujeres con recursos, las mujeres pobres mueren o van a la cárcel por un aborto. De ahí que sea una injusticia mantener una legislación que penaliza sólo a mujeres de los grupos más desfavorecidos del país”, dice Erviti.
De acuerdo con la socióloga universitaria, desde la perspectiva de los derechos humanos y la justicia social, la interrupción de un embarazo no debe penalizarse.
“Se necesita un cambio legal, pero también un cambio en las actitudes de la población. Se necesita ver el aborto sin miradas condenatorias; aún más: reconocer a las mujeres de este país como sujetos con capacidad para decidir. En la condena se encuentra la actitud de visualizar a las mujeres, especialmente a las pobres, como incapaces de decidir. Por lo tanto, se debe promover un cambio en los significados que tiene el aborto en la población.”
Sobre las cifras del aborto en el país, la también especialista en medicina social dice: “Las reviso periódicamente para conocer la magnitud del problema. Pero mi posición es que, aunque sólo hubiera una mujer que falleciera por aborto, bastaría para dar la lucha y tratar de evitar otra muerte. Ese proceso nadie lo debe vivir. Por otro lado, resulta inconcebible que aún haya personas con posiciones dentro del poder político que piensen que una mujer embarazada por violación no tiene derecho a interrumpir el embarazo.”
La perspectiva de género
En opinión de Erviti, el aborto debe verse dentro de las desigualdades de género.
“Es algo que ocurre a las mujeres y sobre los cuerpos de las mujeres, pero a lo que, por supuesto, se suma el asunto de la clase social, en el que las mujeres más desfavorecidas son las que sufren y mueren debido a los abortos inseguros.”
La investigadora sostiene que, desde la perspectiva de género, hay una responsabilidad social ante el problema del aborto que tiene que ver con el no reconocimiento de los derechos reproductivos para todas las mujeres en México.
“El derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo no debe ser coartado por la pareja ni por la legislación ni menos por la religión.”
Hoy, Erviti estudia las estrategias de las mujeres de clases desfavorecidas frente a las condiciones adversas de un embarazo no deseado; y analiza el caso de los hospitales públicos donde se recibe a mujeres que cursan abortos espontáneos o inducidos, y que en el contexto de condena social son, por principio, sospechosas
“La sociedad en su conjunto requiere intervenciones que promuevan cambios en las actitudes sociales hacia las mujeres. Esas intervenciones deben hacerse lo mismo desde el terreno de la acción política que desde la legislación. Hay fuerzas, como la Iglesia, que ahora mismo intervienen sin legitimidad política. De ahí que sea necesario el reconocimiento de un Estado laico para que no se impongan, sobre las leyes civiles, las eclesiásticas.”
Otra dimensión del problema de la interrupción de los embarazos no deseados es la justicia social. Está demostrado y documentado que quienes están más expuestas al maltrato en las instituciones médicas y jurídicas por causa de un aborto son las mujeres más pobres. También son éstas las que sufren las consecuencias por abortos realizados en condiciones inseguras.
“A diferencia de las mujeres con recursos, las mujeres pobres mueren o van a la cárcel por un aborto. De ahí que sea una injusticia mantener una legislación que penaliza sólo a mujeres de los grupos más desfavorecidos del país”, dice Erviti.
De acuerdo con la socióloga universitaria, desde la perspectiva de los derechos humanos y la justicia social, la interrupción de un embarazo no debe penalizarse.
“Se necesita un cambio legal, pero también un cambio en las actitudes de la población. Se necesita ver el aborto sin miradas condenatorias; aún más: reconocer a las mujeres de este país como sujetos con capacidad para decidir. En la condena se encuentra la actitud de visualizar a las mujeres, especialmente a las pobres, como incapaces de decidir. Por lo tanto, se debe promover un cambio en los significados que tiene el aborto en la población.”
Sobre las cifras del aborto en el país, la también especialista en medicina social dice: “Las reviso periódicamente para conocer la magnitud del problema. Pero mi posición es que, aunque sólo hubiera una mujer que falleciera por aborto, bastaría para dar la lucha y tratar de evitar otra muerte. Ese proceso nadie lo debe vivir. Por otro lado, resulta inconcebible que aún haya personas con posiciones dentro del poder político que piensen que una mujer embarazada por violación no tiene derecho a interrumpir el embarazo.”
La perspectiva de género
En opinión de Erviti, el aborto debe verse dentro de las desigualdades de género.
“Es algo que ocurre a las mujeres y sobre los cuerpos de las mujeres, pero a lo que, por supuesto, se suma el asunto de la clase social, en el que las mujeres más desfavorecidas son las que sufren y mueren debido a los abortos inseguros.”
La investigadora sostiene que, desde la perspectiva de género, hay una responsabilidad social ante el problema del aborto que tiene que ver con el no reconocimiento de los derechos reproductivos para todas las mujeres en México.
“El derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo no debe ser coartado por la pareja ni por la legislación ni menos por la religión.”
Hoy, Erviti estudia las estrategias de las mujeres de clases desfavorecidas frente a las condiciones adversas de un embarazo no deseado; y analiza el caso de los hospitales públicos donde se recibe a mujeres que cursan abortos espontáneos o inducidos, y que en el contexto de condena social son, por principio, sospechosas
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