IMPULSORES. Javier Quijano, director de Confe; Laura Bermejo, directora de Libre Acceso; Ernesto Rosas, director de Asuntos Jurídicos de Conadis, y Francisco Cisneros, titular de Conadis (Foto: )Sábado 12 de marzo de 2011 Cristina Pérez-Stadelmann | El Universal
Las intenciones apuntaban a que fuera la 61 Legislatura del Congreso de la Unión, que concluye su periodo el 31 de agosto de 2012, la que aprobara una nueva ley general para la inclusión de personas con discapacidad y así fue.
Para los legisladores que la impulsaron, debe considerarse que esta nueva ley surge después de cuatro años de trabajos, reuniones y consensos entre organizaciones de la sociedad civil e integrantes de las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables de ambas cámaras en las legislaturas 60 y 61.
Con la aprobación del pleno, la nueva ley pasó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, en principio, para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, y luego sea reglamentada, algo que no sucedió con la anterior ley.
En palabras de la diputada Claudia Anaya, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la Cámara de Diputados, esta nueva ley está adecuada a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (PCD) de la ONU, la cual también es una ley vigente; la aprobación de una no excluye a la otra, sino que se complementan.
“La intención es ir ganando terreno en los derechos para las PCD, sobre todo en el ámbito de los derechos laborales y en materia educativa. Tendremos reuniones públicas próximas para trabajar de manera conjunta con las organizaciones civiles (ONG) y daremos prioridad a las leyes relativas a educación y trabajo, dos ámbitos en los que he estado muy involucrada”.
“Lo que sigue es concretar estas reuniones en reformas específicas, pero debo decir que no estoy comenzando de cero: trabajé en la propuesta de la reforma hacendaria y también en la reforma electoral para que las PCD puedan votar y ser votadas.
“Incluimos un artículo a la nueva ley donde se especifica que el Ejecutivo tiene un plazo para publicar el reglamento, así como un límite para poner en marcha la nueva institución pública paraestatal. Estimo que en los próximos días, ya estará publicada.
“El Ejecutivo tiene la responsabilidad, primero de publicar la nueva ley en el Diario Oficial, y después llevar a cabo el reglamento”, enfatiza Anaya.
60 artículos de avance significativo
La nueva ley de PCD fija las directrices para que logren ejercer sus derechos en circunstancias de igualdad, a través de 60 artículos distribuidos en cuatro títulos y 20 capítulos.
De igual modo se propuso como parte medular de este instrumento, aportar un marco jurídico capaz de establecer las bases para la armonización de la legislación nacional a la Convención de la ONU, instrumento internacional del que México fue el principal impulsor.
Aprobada con 84 votos a favor y cero en contra, la nueva ley transformará, entre otros puntos, al actual Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis) en un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía para formular políticas, acciones, estrategias y programas derivados de la ley.
En general, se retoman los temas que la ley anterior planteaba: definiciones, atribuciones del Ejecutivo federal, salud, trabajo y capacitación, educación, desarrollo social, deporte y cultura, accesibilidad y acceso a la justicia.
Pero la nueva ley pretende brindar mayor aptitud y un sentido garantista que permita la plena inclusión de las PCD dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos, como salud, educación, relaciones laborales y todos aquellos donde sea necesario garantizar sus derechos.
Francisco Cisneros, titular del Conadis, con una década de experiencia en la administración pública y como persona con discapacidad en organizaciones de la sociedad civil, declara que los “errores” que han marcado la existencia de este consejo hasta ahora, provienen del marco jurídico que en materia de discapacidad se implementó ante la “urgencia” de tenerlo en 2005.
“Ahora, con la autonomía del Conadis, deberemos trabajar a marchas forzadas para enfrentar nuevos temas y retos y avanzar en relación con la atención al diseño de políticas públicas para las PCD, al menos en lo que queda de la presente administración, para que en la siguiente, no se tenga que comenzar”.
Nuevas atribuciones
Entre las atribuciones del consejo estará coordinar y elaborar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; promover el goce y ejercicio pleno de las personas con discapacidad; promover la accesibilidad en la infraestructura de las instalaciones públicas; la elaboración, publicación y difusión de estudios, investigaciones obras y materiales de PCD.
También promover la cultura de la dignidad y respeto, a través de programas y campañas de sensibilización y la armonización de leyes y reglamentos a nivel federal, estatal o municipal, respecto a disposiciones establecidas.
“De igual manera, este nuevo ordenamiento define de forma integral los derechos de las PCD en materia de salud, asistencia social, trabajo y empleo, educación, accesibilidad y vivienda, transporte público y comunicaciones, desarrollo social, recopilación de datos y estadística, deportes, recreación, cultura, turismo y acceso a la justicia”, agrega Cisneros.
Ernesto Rosas, director de Fomento Normativo y Asuntos Jurídicos de Conadis, resalta en la nueva ley la propuesta de que se genera un nuevo organismo: el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio y que se ocupará de definir las políticas públicas en materia de discapacidad conjuntamente con diversas instituciones públicas.
El nuevo organismo contará con una junta de gobierno, integrada por los mismos representantes de la administración pública federal que forman parte del actual Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, sumándose sólo el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y como miembros permanentes, las secretarías de Turismo, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Finalmente, se suman cinco integrantes de la asamblea consultiva, que será el órgano que con carácter honorífico participará en calidad de asesor y consultor en temas de discapacidad, y un representante de las organizaciones de y para las personas con discapacidad de cada estado de la república, cinco expertos en la materia y cinco representantes de organizaciones de y para personas con discapacidad.
Paralelo a lo anterior, se contará con el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, instancia que se integrará por dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de los sectores social y privado, el cual se ocupará de coordinar y dar seguimiento a programas y acciones que permitan el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad.
“La ley muestra avances significativos, sobre todo en lo que se refiere a esta estructura orgánica, que pretende concretarse en la segunda mitad del año”, concluye Ernesto Rosas.
Las fallas en voz de las ONG
Javier Quijano, presidente de la Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (Confe), que agrupa a más de 70 organizaciones con sede en 22 entidades, reconoce que entre las fortalezas de la ley para la inclusión de las personas con discapacidad está “el nacimiento de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que será el encargado de vigilar los derechos de las PCD”.
De igual modo, Confe apoya el desarrollo del Sistema de Información sobre Discapacidad en el Registro Nacional de Discapacidad y da valor a los nuevos derechos que ahora se incorporan en la nueva ley y que antes eran ignorados, como el derecho a la justicia de las personas con discapacidad.
Sin embargo, Quijano denuncia que la nueva ley no prevé el derecho de acceso a la información de las PCD y a los formatos que les permita acceder a la información pública gubernamental en igualdad de condiciones que las demás personas. “Sigue ausente una política clara para lograr la educación inclusiva sobre la educación especial”.
También estima que la ley tiene deficiencias, como es la falta de obligatoriedad, toda vez que no impone sanciones a particulares o entidades de gobierno que no garanticen el respeto a los derechos de las PCD.
“Esta nueva ley nos pone en camino de lograr el sueño de Gilberto Rincón Gallardo, un luchador social incansable que logró con la comunidad de las personas con discapacidad la aprobación de la Convención Internacional.
“Esta nueva ley de 2011 otorga ciertamente las bases para trabajar de la mano con los legisladores y el Ejecutivo, para perfeccionarla y lograr una verdadera ley que se pueda armonizar y dar la calidad de vida que las personas con discapacidad merecen como mexicanos”, concluye Quijano.
Laura Bermejo, directora de Libre Acceso AC, se suma a los comentarios y afirma que “si bien esta nueva ley tiene algunas fallas y no representa el instrumento perfecto que contemple todos los requerimientos de las personas con discapacidad, debemos admitir que la sociedad está mostrando una sensibilidad progresiva frente a las PCD y lo importante es reformar los instrumentos aplicables para que las disposiciones no queden como meros propósitos”. Lo más destacable, dijo, es la generación de un Conadis con personalidad jurídica.
El senador Guillermo Tamborrel, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, destacó la participación crucial de las diputadas Yolanda de la Torre, Joan Novoa, Claudia Anaya, y en el proceso final, el apoyo de la diputada Josefina Vázquez Mota, para la gestión de esta nueva ley, así como la participación de las ONG. “Juntos estamos rompiendo el paradigma y la dura cáscara que recubre la nuez del asistencialismo”, comentó.
Para Tamborrel, esta nueva ley tiene tres grandes atributos: el primero de ellos “recoge de mejor manera los principios plasmados en la Convención de la ONU; el segundo es que ya bosqueja los principios de un sistema nacional para el desarrollo e inclusión para las PCD y el tercero, una gran contribución, es la conformación del Conadis como un organismo descentralizado que velará por su inclusión”.
“Son grandes logros y sin duda, la vida de las personas con discapacidad va a cambiar para bien cuando esta ley entre en vigor. Cada una de las secretarías tendrá que desarrollar su propio programa para la inclusión de personas con discapacidad, todos alineados con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad”.
Para el panista, el arma secreta que tiene México para vencer la crisis está justamente en brindarle empleo a las personas con discapacidad y a los adultos mayores, que son más comprometidos y productivos que ciertos miembros de la sociedad”, dijo
Para los legisladores que la impulsaron, debe considerarse que esta nueva ley surge después de cuatro años de trabajos, reuniones y consensos entre organizaciones de la sociedad civil e integrantes de las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables de ambas cámaras en las legislaturas 60 y 61.
Con la aprobación del pleno, la nueva ley pasó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, en principio, para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, y luego sea reglamentada, algo que no sucedió con la anterior ley.
En palabras de la diputada Claudia Anaya, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la Cámara de Diputados, esta nueva ley está adecuada a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (PCD) de la ONU, la cual también es una ley vigente; la aprobación de una no excluye a la otra, sino que se complementan.
“La intención es ir ganando terreno en los derechos para las PCD, sobre todo en el ámbito de los derechos laborales y en materia educativa. Tendremos reuniones públicas próximas para trabajar de manera conjunta con las organizaciones civiles (ONG) y daremos prioridad a las leyes relativas a educación y trabajo, dos ámbitos en los que he estado muy involucrada”.
“Lo que sigue es concretar estas reuniones en reformas específicas, pero debo decir que no estoy comenzando de cero: trabajé en la propuesta de la reforma hacendaria y también en la reforma electoral para que las PCD puedan votar y ser votadas.
“Incluimos un artículo a la nueva ley donde se especifica que el Ejecutivo tiene un plazo para publicar el reglamento, así como un límite para poner en marcha la nueva institución pública paraestatal. Estimo que en los próximos días, ya estará publicada.
“El Ejecutivo tiene la responsabilidad, primero de publicar la nueva ley en el Diario Oficial, y después llevar a cabo el reglamento”, enfatiza Anaya.
60 artículos de avance significativo
La nueva ley de PCD fija las directrices para que logren ejercer sus derechos en circunstancias de igualdad, a través de 60 artículos distribuidos en cuatro títulos y 20 capítulos.
De igual modo se propuso como parte medular de este instrumento, aportar un marco jurídico capaz de establecer las bases para la armonización de la legislación nacional a la Convención de la ONU, instrumento internacional del que México fue el principal impulsor.
Aprobada con 84 votos a favor y cero en contra, la nueva ley transformará, entre otros puntos, al actual Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis) en un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía para formular políticas, acciones, estrategias y programas derivados de la ley.
En general, se retoman los temas que la ley anterior planteaba: definiciones, atribuciones del Ejecutivo federal, salud, trabajo y capacitación, educación, desarrollo social, deporte y cultura, accesibilidad y acceso a la justicia.
Pero la nueva ley pretende brindar mayor aptitud y un sentido garantista que permita la plena inclusión de las PCD dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos, como salud, educación, relaciones laborales y todos aquellos donde sea necesario garantizar sus derechos.
Francisco Cisneros, titular del Conadis, con una década de experiencia en la administración pública y como persona con discapacidad en organizaciones de la sociedad civil, declara que los “errores” que han marcado la existencia de este consejo hasta ahora, provienen del marco jurídico que en materia de discapacidad se implementó ante la “urgencia” de tenerlo en 2005.
“Ahora, con la autonomía del Conadis, deberemos trabajar a marchas forzadas para enfrentar nuevos temas y retos y avanzar en relación con la atención al diseño de políticas públicas para las PCD, al menos en lo que queda de la presente administración, para que en la siguiente, no se tenga que comenzar”.
Nuevas atribuciones
Entre las atribuciones del consejo estará coordinar y elaborar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; promover el goce y ejercicio pleno de las personas con discapacidad; promover la accesibilidad en la infraestructura de las instalaciones públicas; la elaboración, publicación y difusión de estudios, investigaciones obras y materiales de PCD.
También promover la cultura de la dignidad y respeto, a través de programas y campañas de sensibilización y la armonización de leyes y reglamentos a nivel federal, estatal o municipal, respecto a disposiciones establecidas.
“De igual manera, este nuevo ordenamiento define de forma integral los derechos de las PCD en materia de salud, asistencia social, trabajo y empleo, educación, accesibilidad y vivienda, transporte público y comunicaciones, desarrollo social, recopilación de datos y estadística, deportes, recreación, cultura, turismo y acceso a la justicia”, agrega Cisneros.
Ernesto Rosas, director de Fomento Normativo y Asuntos Jurídicos de Conadis, resalta en la nueva ley la propuesta de que se genera un nuevo organismo: el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio y que se ocupará de definir las políticas públicas en materia de discapacidad conjuntamente con diversas instituciones públicas.
El nuevo organismo contará con una junta de gobierno, integrada por los mismos representantes de la administración pública federal que forman parte del actual Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, sumándose sólo el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y como miembros permanentes, las secretarías de Turismo, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Finalmente, se suman cinco integrantes de la asamblea consultiva, que será el órgano que con carácter honorífico participará en calidad de asesor y consultor en temas de discapacidad, y un representante de las organizaciones de y para las personas con discapacidad de cada estado de la república, cinco expertos en la materia y cinco representantes de organizaciones de y para personas con discapacidad.
Paralelo a lo anterior, se contará con el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, instancia que se integrará por dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de los sectores social y privado, el cual se ocupará de coordinar y dar seguimiento a programas y acciones que permitan el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad.
“La ley muestra avances significativos, sobre todo en lo que se refiere a esta estructura orgánica, que pretende concretarse en la segunda mitad del año”, concluye Ernesto Rosas.
Las fallas en voz de las ONG
Javier Quijano, presidente de la Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (Confe), que agrupa a más de 70 organizaciones con sede en 22 entidades, reconoce que entre las fortalezas de la ley para la inclusión de las personas con discapacidad está “el nacimiento de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que será el encargado de vigilar los derechos de las PCD”.
De igual modo, Confe apoya el desarrollo del Sistema de Información sobre Discapacidad en el Registro Nacional de Discapacidad y da valor a los nuevos derechos que ahora se incorporan en la nueva ley y que antes eran ignorados, como el derecho a la justicia de las personas con discapacidad.
Sin embargo, Quijano denuncia que la nueva ley no prevé el derecho de acceso a la información de las PCD y a los formatos que les permita acceder a la información pública gubernamental en igualdad de condiciones que las demás personas. “Sigue ausente una política clara para lograr la educación inclusiva sobre la educación especial”.
También estima que la ley tiene deficiencias, como es la falta de obligatoriedad, toda vez que no impone sanciones a particulares o entidades de gobierno que no garanticen el respeto a los derechos de las PCD.
“Esta nueva ley nos pone en camino de lograr el sueño de Gilberto Rincón Gallardo, un luchador social incansable que logró con la comunidad de las personas con discapacidad la aprobación de la Convención Internacional.
“Esta nueva ley de 2011 otorga ciertamente las bases para trabajar de la mano con los legisladores y el Ejecutivo, para perfeccionarla y lograr una verdadera ley que se pueda armonizar y dar la calidad de vida que las personas con discapacidad merecen como mexicanos”, concluye Quijano.
Laura Bermejo, directora de Libre Acceso AC, se suma a los comentarios y afirma que “si bien esta nueva ley tiene algunas fallas y no representa el instrumento perfecto que contemple todos los requerimientos de las personas con discapacidad, debemos admitir que la sociedad está mostrando una sensibilidad progresiva frente a las PCD y lo importante es reformar los instrumentos aplicables para que las disposiciones no queden como meros propósitos”. Lo más destacable, dijo, es la generación de un Conadis con personalidad jurídica.
El senador Guillermo Tamborrel, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, destacó la participación crucial de las diputadas Yolanda de la Torre, Joan Novoa, Claudia Anaya, y en el proceso final, el apoyo de la diputada Josefina Vázquez Mota, para la gestión de esta nueva ley, así como la participación de las ONG. “Juntos estamos rompiendo el paradigma y la dura cáscara que recubre la nuez del asistencialismo”, comentó.
Para Tamborrel, esta nueva ley tiene tres grandes atributos: el primero de ellos “recoge de mejor manera los principios plasmados en la Convención de la ONU; el segundo es que ya bosqueja los principios de un sistema nacional para el desarrollo e inclusión para las PCD y el tercero, una gran contribución, es la conformación del Conadis como un organismo descentralizado que velará por su inclusión”.
“Son grandes logros y sin duda, la vida de las personas con discapacidad va a cambiar para bien cuando esta ley entre en vigor. Cada una de las secretarías tendrá que desarrollar su propio programa para la inclusión de personas con discapacidad, todos alineados con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad”.
Para el panista, el arma secreta que tiene México para vencer la crisis está justamente en brindarle empleo a las personas con discapacidad y a los adultos mayores, que son más comprometidos y productivos que ciertos miembros de la sociedad”, dijo
